El desarrollo del sistema financiero mexicano se beneficiaría de un marco regulatorio que incorporara a entidades con capacidades complementarias para atender a distintas capas de la población. Ahora bien, la vigilancia que lleva a cabo el Estado para mitigar los riesgos y mejorar la eficiencia de los intermediarios financieros debe estar acompañada por una acción responsable por parte de las instituciones del sector. A estas instituciones les corresponde gestionar su operación financiera de una manera sana que comprenda: reducir los elevados costos de operación y su traslado a los consumidores; transparentar la información sobre las operaciones y riesgos; y, resolver los temas de protección a los usuarios con el propósito de lograr la sana inclusión de las poblaciones vulnerables – o sea, para cumplir con su objeto de trabajo. A continuación se discuten algunas de las iniciativas actuales de auto-regulación precisas para una sana gestión y consolidación de la industria financiera popular.
El uso de los burós de crédito es crucial para el desarrollo de la actividad del ahorro y crédito popular. Solicitar y entregar información a los burós permite tanto proteger a las instituciones otorgantes del crédito como crear historiales crediticios que, al final del día benefician al desarrollo social y al bienestar del consumidor.
ProDesarrollo ha sostenido negociaciones con los burós de crédito durante más de una década. El hecho que al día de hoy el 50% de los afiliados a ProDesarrollo realice consultas a los burós[1] es una muestra de la tenacidad y visión de este organismo. La relación de ProDesarrollo con los burós ha redundado, hasta la fecha, en el logro de una sustancial reducción en el costo por consulta. En el presente existen más incentivos para el uso de un buró porque parece haber un acuerdo entre algunos otorgantes de crédito del gobierno para restringir la financiación de cartera a instituciones que no acudan a un buró (NAFIN, PRONAFIM, Financiera Rural y FIRA). En la medida en que el sector se una en el uso de dichos servicios, se podrá negociar, no solo a favor del precio, sino sobre todo la posibilidad de participar como accionista de los burós y poder así recibir una parte de los beneficios financieros por la información aportada.
En cuanto a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, la Circular Única de la CNBV indica que estas tienen la obligación de enviar toda la información sobre sus créditos a los burós. La mayoría de las instituciones que consultan a los burós está satisfecha con la recepción de reportes simples que permiten descartar el otorgamiento a acreditados potenciales con información negativa, mientras que un número menor de instituciones se interesa por reportes completos a un mayor costo.
En contraste, las Sofoles no han estado obligadas por la regulación para consultar a un buró y tampoco existe este requerimiento para las Sofomes. Esta situación afecta a los demás integrantes del sistema financiero y demuestra una falta de prudencia por parte de la regulación con respecto a la corresponsabilidad que las instituciones financieras deben tener con respecto a la calidad y seguridad de los acreditados y demás instituciones.
Los burós pueden ofrecer información sobre los clientes que comparten instituciones entre si. La información es relevante para entender la penetración real de los créditos a través del sector, y para indicar los riesgos de no pago. A falta de esta información, no se puede conocer cuántos de los más de 3 millones de créditos reportados a los burós, a través del convenio de ProDesarrollo, están repetidos. La incorporación del cliente al buró, a partir de su primera afiliación con las instituciones financieras populares, generaría datos relevantes para entender los impactos de los servicios y productos financieros actuales frente a su bienestar.
A la vez, los burós cuentan con metodologías para identificar la capacidad crediticia de los acreditados actuales y potenciales del sector. La realización de estudios permitiría obtener información importante para distinguir entre los créditos que corresponden a productos adecuados para los fines de los consumidores en cuanto a los montos y procesos de crédito, y aquellos que son inadecuados porque conducen a un sobre-endeudamiento de los deudores. La información sobre la capacidad crediticia de las diferentes categorías de clientes en el sector y sobre la penetración real al mercado es precisa para desarrollar estrategias de atención previa a la saturación del mercado.
Para el sector de las finanzas populares y para el Estado Mexicano el uso de información sobre la morosidad y su relación con los productos y las instituciones particulares les permite identificar las deficiencias entre los productos así como las prácticas comerciales inadecuadas o leoninas en la prestación de servicios de crédito. Esta información permitiría además que el Estado opte por excluir a instituciones que realizan prácticas de esa naturaleza del acceso a la banca de desarrollo y a otro tipo de beneficios.
La intención de la presente discusión sobre los burós de crédito es demostrar la relación entre la transparencia, la generación y regulación de información, y la construcción sólida de servicios financieros. Estrategias y normas fincadas en la transparencia benefician a los participantes de las actividades financieras. La industria financiera popular tiene la opción de adoptar dichas prácticas desde su temprana edad, hacerlo demuestra la dedicación a su objetivo de combatir la pobreza y lograr la inclusión financiera de poblaciones vulnerables.
Las iniciativas de autorregulación de ProDesarrollo[2] e integrantes (arriba mencionadas) de la banca de desarrollo abren brecha para la construcción de conocimiento sobre el comportamiento de las personas acreditadas y de los riesgos asociados con el uso de productos particulares, así como sobre el comportamiento de las instituciones prestadores de servicios financieros populares. Aún hay camino por andar en la identificación de los beneficios y riesgos asociados con la extensión de productos microfinancieros: un paso próximo es lograr la tipificación del producto microcrédito productivo. Estipular las características distintivas de los microcrédito productivos favorecerían el control de la calidad en su operación, permitiría disminuir los costos asociados con su uso para la población mexicana que necesita generar su propio empleo y proporcionaría información significativa. El análisis de la información sobre el comportamiento del uso de variedades del microcrédito productivo y su impactos en la estabilidad de actividades productivas conllevaría a mejoras en políticas públicas.
[1] Una minoría de las instituciones afiliadas a ProDesarrollo realizan consultas a ambos burós debido a que el universo de cobertura de los burós varia geográficamente y también porque perdura la desconfianza sobre la veracidad de la información que comparten.
[2] Adicional al tema del Buró de Crédito ProDesarrollo fomenta la adopción de un código de ética y la certificación en buenas prácticas financieras entre sus agremiados.
Escrito por maryokeefe